El análisis geográfico de Mongabay Latam arrojó que, en Perú, 57% de las áreas protegidas en la Amazonía peruana son amenazadas por el narcotráfico y minería, mientras que en Colombia la cifra crece a 62,5%.
A ello se suma que la situación de inseguridad en estas áreas protegidas impide las labores de conservación de guardaparques y comunidades. En Perú, los mineros amedrentan con armas a las comunidades indígenas y funcionarios que buscan proteger el bosque, mientras que en Colombia hay presencia de grupos armados ilegales en 35 de los 39 municipios que albergan a los parques y reservas nacionales de la Amazonía.
“Nos dicen que Nueva Austria no existe, que nos vayamos porque van a seguir tumbando nuestra selva para hacer chacras de coca. Ellos andan con armas, por eso muchos vecinos se han ido”, dicen dos campesinos que viven en una zona colindante a la Reserva Comunal El Sira, un área protegida que resiste a los embates del narcotráfico y la minería ilegal en las golpeadas regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco en Perú. De hecho, esta fotografía es la de muchas otras reservas y parques de la Amazonía de Perú y Colombia, dos países que pierden miles de hectáreas de bosques protegidos por la expansión de cultivos ilícitos de coca y la extracción ilegal de oro.
Para entender la magnitud de este problema en Perú y Colombia, un equipo periodístico de Mongabay Latam construyó una base de datos con información de los mapas anuales de cobertura y uso de la tierra del Proyecto Mapbiomas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) para analizar el impacto de la minería y cultivos ilegales en las áreas protegidas amazónicas, sus zonas de amortiguamiento y espacios aledaños. El resultado de este análisis geoespacial es abrumador: 30 reservas y parques de Colombia y Perú han perdido al menos 51 mil hectáreas dentro y alrededor. El equivalente a casi la extensión de la ciudad de Cali o más de 50 veces el distrito limeño de Miraflores. Un punto importante es que la minería que impacta estas áreas protegidas es tanto legal como ilegal, una devastación que amenaza con transformarlas en islas acorraladas por la ilegalidad.
El procurador ambiental de Colombia, Gustavo Guerrero, explica que es preocupante la conexión entre el narcotráfico, la expansión de la minería ilegal y el acaparamiento de tierras asociado a la ganadería. Los grupos armados ilegales, comenta, se mueven entre esas actividades básicamente motivados por el precio más alto. Y el impacto se puede ver dentro de los parques y reservas. “Los cambios en las dinámicas ilegales en los parques como Cahuinarí, Río Puré y Apaporis están relacionados con los cambios en los factores determinantes de la deforestación, esto por la disminución en el precio de la coca y la demanda de compra”. La minería ilegal de oro, el coltán y la ganadería, señala el procurador, son factores de deforestación preocupantes que han ganado terreno en la actualidad. Además, añade que la minería, a diferencia de la ganadería, genera una deforestación que está asociada también a “problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua y desplazamientos de comunidades indígenas”.
En Perú, esta dinámica tiene otras particularidades. Julio César Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente de Perú, señala que, aunque la minería y los cultivos ilícitos coexisten, generalmente se trata de grupos delictivos distintos. “Pueden compartir espacios por temas de necesidad, como maquinarias y logística, pero el narcotráfico, la siembra de cultivos ilícitos, puede ser más difícil de detectar que la minería, así que no se mezclan para no ser visibles en el mapa”, explica. Para Guzmán, hay que poner la mira en la deforestación que está ocurriendo alrededor de las áreas protegidas, donde crece la agricultura migratoria, así como la siembra de hoja de coca que impulsa el narcotráfico. “La micro deforestación puede ser de cinco o seis hectáreas, pero al no combatirlas va a permitir que se pierdan las características de bosque y no hay cómo retroceder, porque ya habrá personas cuya economía depende de esa actividad”.
La invasión de la minería
Esta actividad ha arrasado con 33 113 hectáreas dentro y alrededor de 16 áreas protegidas de Colombia y Perú hasta el 2022. El equivalente a más de 41 mil canchas de fútbol. El análisis detectó, específicamente, 680 hectáreas perdidas dentro de parques y reservas, y 32 433 hectáreas en las zonas de amortiguamiento y espacios aledaños. En estos espacios, además, se identificaron un total 1157 puntos de extracción ilegal de oro, gracias a los datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) : 201 en Colombia y 956 en Perú. Los datos muestran con claridad cómo el círculo de devastación se va estrechando y penetrando los espacios protegidos.
En Perú, la minería ilegal arrasó hasta el 2022 con los bosques de cinco áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Tambopata (525 hectáreas), el Parque Nacional Bahuaja Sonene (31 hectáreas), las Reservas Comunales El Sira (7,8 hectáreas) y Amarakaeri (5,4 hectáreas), y la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana (5 hectáreas). Mientras que, en Colombia, la devastación se puede observar a gran escala en los límites de la Reserva Nacional Puinawai (93 hectáreas) y el Parque Nacional Natural Río Puré (13 hectáreas).
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental en Perú, explica que el aumento de la minería obedece a múltiples causas. “Junto con el precio internacional del oro también está la pandemia del Covid-19, que dejó una situación de crisis económica y falta de oportunidades. También han contribuido las crisis políticas o institucionales del país”. Ipenza destaca, además, los vínculos entre las mafias y la política. “Hay representantes de grupos criminales del narcotráfico y la minería ilegal en el poder ejecutivo y en el Congreso. Facilitan estas actividades y flexibilizan los marcos jurídicos o evitan los operativos de control que permiten el incremento del cultivo de hoja de coca y la minería ilegal”.
La exfiscal e investigadora de la organización ambiental Sociedad Zoológica de Frankfurt, Karina Garay, concuerda en que la minería está fortalecida “porque existen alianzas organizadas donde prima la corrupción de funcionarios”.
El narcotráfico avanza sin reservas
Cinco veces el tamaño del Centro Histórico de Lima o veinte veces la localidad bogotana de Chapinero pueden ser tomadas como referencia para imaginar la cantidad de cultivos ilegales de coca que hay dentro y alrededor de 21 áreas protegidas de Perú y Colombia. La cifra detectada asciende a 18 283 hectáreas, de las cuales 5217 están dentro de los parques y reservas, y 13 066 alrededor.
Estas son las cifras más recientes, considerando datos de deforestación por cultivos ilícitos de coca hasta el 2022 para Colombia y 2023 para Perú.
La presencia de cultivos ilegales cerca de las áreas protegidas de Perú va en aumento. El verde claro de los sembríos de coca ha tomado 8068 hectáreas dentro y alrededor de 14 reservas y parques amazónicos. Al interior se registran 410 hectáreas y 7658 circundando las áreas intangibles. Si se mira al interior de los santuarios naturales, tres casos saltan a la vista: el Parque Nacional Bahuaja Sonene (288 ha) entre las regiones de Madre de Dios y Puno; la Reserva El Sira (70 ha) entre las regiones Ucayali, Huánuco y Pasco, y el Bosque de protección San Matías – San Carlos (15 ha) en Pasco.
Mafias detrás de los negocios ilegales
Las organizaciones de crimen organizado controlan los territorios y se encargan de amenazar, asesinar y desplazar a quienes se oponen. Los puestos de control dentro de las áreas protegidas van quedando abandonados, sin guardaparques que defiendan los ecosistemas.
La situación de violencia en las áreas protegidas de Colombia es grave. La organización Indepaz estableció que grupos armados estarían presentes en 35 de los 39 municipios que albergan a los santuarios naturales amazónicos del país. De hecho, en 33 municipios hay presencia de las disidencias de las FARC, que además ordenaron la salida de los guardaparques y los amenazaron.
“Los grupos armados y economías ilícitas que impulsan y patrocinan la deforestación permanecen en el territorio, lo que pone en riesgo al personal. Hay un riesgo de ser asesinados tal cual se señala en los comunicados de grupos armados y en las conversaciones que se tienen con actores locales”, le dijo Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a Mongabay Latam a fines de 2023.
Además, en las áreas protegidas amazónicas de Colombia se han incautado 2.4 toneladas de cocaína, entre 2017 y 2022, en manos de esos grupos armados, según cifras entregadas por el Ministerio de Defensa a Mongabay Latam tras una solicitud de información.
El control territorial que estos grupos armados ilegales ejercen fue constatado en la reportería en la zona de la Reserva Nukak y del Parque Alto Fragua. “Es muy delicado [el contexto], porque toda esa economía está cooptada por actores armados ilegales y hay mucho temor de denunciar en la zona”, cuenta una pobladora del municipio de Curillo. Los entrevistados tienen miedo de hablar, por eso piden que protejamos sus nombres, que los mantengamos en el anonimato. Pero en cuanto se sienten seguros, empiezan a mencionar loss reclutamientos forzados de menores y confinamientos impuestos por los combates entre dos disidencias de las FARC.
“Nosotros no podemos transitar por el río y hay mucho temor. Los más damnificados con todo esto son las poblaciones indígenas que viven hacia abajo”, dice un concejal de Solano, municipio al que pertenece el Parque Nacional Chiribiquete.
Los crímenes contra defensores ambientales y líderes indígenas en Perú marcaron el inicio de una etapa más violenta en la Amazonía del país. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha contabilizado que al menos 24 de estos defensores y líderes han desaparecido o han sido asesinados desde 2020. Esta arremetida evidenció un cambio crítico, pues básicamente las amenazas empezaron a cumplirse.
En la reserva El Sira, la violencia empezó con el asesinato del líder asháninka Mario Marcos López en 2022 y luego siguió escalando.
César Ipenza explica que “la selva de Huánuco, donde está parte de la Reserva El Sira, se ha convertido en el mayor epicentro de minería ilegal y narcotráfico, actividades que trabajan en simbiosis. La corrupción también les facilita el transporte de insumos y que realicen sus actividades sin mayor control, lamentablemente”. Sobre Madre de Dios, comenta que allí “ha aumentado el cultivo de coca e incluso han destruido pistas clandestinas que permitían sacar la droga hacia Bolivia”, lo que demuestra porque estas dos áreas protegidas son estratégicas para los actores ilegales.
Un Estado ausente
Al cóctel de economías ilegales y grupos armados hay que sumarle la manera en la que el Estado ha actuado en estos territorios. Por un lado, está la falta de funcionarios para resguardar los parques y reservas. En Colombia, por ejemplo, no hay presencia permanente de guardaparques en 14 áreas protegidas amazónicas, debido a las amenazas de las disidencias de las FARC. En estas zonas, estos grupos quemaron y saquearon cinco puestos de control en los últimos cinco años. “Básicamente, hoy los parques nacionales amazónicos de Colombia tienen una alta dificultad para ser manejados debido al contexto de seguridad. Los grupos armados ilegales están ejerciendo un control”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura y presidenta del Consejo Directivo de la organización ambiental Parques Cómo Vamos.
A lo que el biólogo colombiano e investigador de la Universidad de Berna en Suiza, Pablo Negret, añade que “las economías ilegales como los cultivos ilícitos y la del acaparamiento de tierras, que estimulan la deforestación y son protegidas por grupos armados, hacen muy difícil la gobernanza de las áreas protegidas” y “la entidad Parques Nacionales no puede resolver todo, necesita apoyo del resto del Estado”.
La subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales afirmó que el presupuesto asignado a las áreas protegidas de Colombia no les alcanza y que es insuficiente el número de funcionarios ambientales. “En el país la relación ya pasó de ser de 1 Guardaparque por cada 40 000 hectáreas, cuando el promedio internacional es de 1 Guardaparque por cada 6000 hectáreas”, comunicaron en una carta a este medio.
En Perú, hay 792 guardaparques para vigilar las más de 29 millones de hectáreas de áreas protegidas en todo el país. Las comunidades locales en la zona de la Reserva El Sira también denuncian que las autoridades cada vez van menos, debido a las amenazas. “Las autoridades no quieren venir, nadie ha llegado”, añade un campesino.
Pero no es que los funcionarios no quieran actuar, solo que la minería y el narcotráfico son dinámicas que involucran a actores poderosos y violentos. “Las Fuerzas Armadas y la Fiscalía no se dan abasto. En realidad, estamos peleando con un monstruo gigante.
Mientras tanto, la exfiscal ambiental Karina Garay señala que la solución en Perú pasa por promover leyes que desenmascaren a los mineros ilegales que se registran como informales o artesanales, junto con una estrategia de presencia y control de las Fuerzas Armadas, Parques Nacionales y el Ministerio Público, ya que actualmente “los mineros y narcotraficantes saben que el Estado no está y que carece de capacidad para enfrentarlos"