El rechazo al uso de ciertas semillas transgénicas, al referéndum sobre la subvención a los combustibles y a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0040/2024 forman parte del manifiesto de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC). La red, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil, publicó el viernes 16 de agosto un documento en el que abordan esos puntos.
En el texto, la plataforma reflexiona que "Bolivia se encuentra en un momento crítico en el que las decisiones políticas y económicas en discusión podrían redefinir profundamente su futuro ambiental, social y económico. Como un país de inmensa biodiversidad y un legado cultural basado en prácticas agroecológicas, Bolivia enfrenta la urgente necesidad de proteger su patrimonio natural frente a políticas que favorecen intereses económicos de corto plazo, en detrimento de la sostenibilidad a largo plazo".
En ese sentido, cuestionaron la aprobación y el uso de transgénicos, específicamente los eventos HB4 en soya y trigo. Consideran que representan una amenaza directa a la soberanía alimentaria y la salud pública, además de "comprometer la biodiversidad única del país". "Estas semillas, diseñadas para soportar agrotóxicos prohibidos en otras regiones, no solo presentan dudas sobre su eficacia agrícola, sino que también ponen en peligro la integridad de los ecosistemas bolivianos".
Criticaron -además- la decisión del presidente Luis Arce de convocar al referéndum sobre la continuidad de las subvenciones a los combustibles fósiles. Para los activistas, esta es una maniobra gubernamental para eludir su responsabilidad económica. Según el documento, esta medida encadena a los bolivianos a un modelo económico dependiente de energías no renovables, lo cual estaría en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por el país sobre el cambio climático.
Otras de las críticas fue para la aprobación del Decreto Supremo N° 4956 del 14 de agosto de 2024, que autoriza la importación de fábricas de biodiésel con gravamen cero. Esto fomenta "la expansión del cultivo de palma africana y de la agroindustria, que va deforestar millones de hectáreas de bosques; lejos de ser una solución verde, en otras regiones del mundo ha profundizado la deforestación, ha desplazado cultivos alimentarios y comunidades locales, y agrava la crisis ambiental y alimentaria".
Finalmente, rechazaron la reciente sentencia constitucional plurinacional 0040/2024, que declara inconstitucional el artículo 32.5 de la Ley N° 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la cual indica que "todos los planes y programas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono".
Según los activistas, se utilizaron argumentos falaces, avalados por el "Tribunal de auto prorrogados". Esto va en contra de los derechos de la Madre Tierra y la propia Constitución Política del Estado, el artículo 357.
Concluyen que el Ejecutivo se contradice al asumir estas medidas mientras dice defender a la Madre Tierra y el "vivir bien", "revelando la hipocresía de un gobierno que ha fracasado en proteger verdaderamente el patrimonio natural de Bolivia".
"Ante esta compleja situación, es imperativo que la sociedad civil boliviana se movilice de manera urgente. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar la dirección del país en términos de desarrollo sostenible, soberanía alimentaria y protección de la biodiversidad. Es esencial que estas decisiones reflejen una visión de futuro que respete los derechos de la naturaleza y de las comunidades, y que rechace cualquier medida que comprometa el bienestar a largo plazo de la nación", concluye el documento.