Explicó que bajo el pretexto de la crisis económica y la escasez de dólares, sectores agroindustriales del oriente del país están promoviendo la introducción de transgénicos bajo el nombre de biotecnología.
“Están queriendo incorporar variedades que aseguran serán más resistentes a la sequía y otros eventos climáticos. Sin embargo, la experiencia de países vecinos demuestra que no es así. Los rendimientos son marginales y no sostenibles, además de tener efectos devastadores sobre la naturaleza, el suelo, el agua, la biodiversidad y los bosques”, explicó Villagomez.
El director de CIPCA Altiplano también destacó los impactos negativos que esta política podría tener en las comunidades indígenas originarias campesinas. “Creemos que es una falsa solución, no es viable para el país y tendrá graves consecuencias para los pueblos indígenas, profundizando la inseguridad alimentaria”, afirmó.
Villagomez abogó por fortalecer la agricultura familiar campesina y las experiencias agroecológicas que, según él, ya han demostrado ser exitosas, aunque carecen de apoyo por parte de políticas públicas. “La agricultura familiar aporta con un 40% de los alimentos a la seguridad alimentaria, pero este aporte no es valorado ni acompañado por políticas públicas. En cambio, se priorizan políticas que destruyen y contaminan el medio ambiente”, sostuvo.
En contraste, Villagomez destacó el potencial de productos agrícolas tradicionales y de exportación, como el cacao, asaí y otros frutos del bosque, así como la quinua, cañahua y orégano del altiplano, que podrían ser aprovechados de manera sostenible y con beneficios económicos para el país. “En Bolivia se está apostando por procesos como los transgénicos, que no son sostenibles”, concluyó.
La semana pasada, el Gobierno y representantes del sector productivo acordaron avanzar en un informe para definir el uso de biotecnología en el país, el cual debe estar concluido en un plazo de 10 días. En la reunión del Gabinete Agropecuario por la Economía y Producción participaron el presidente Luis Arce, autoridades de ocho ministerios, y los directores del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).
Aunque la reunión abordó diversas temáticas productivas, los temas más destacados fueron el uso de biotecnología, la seguridad jurídica en la tenencia de tierras y la dotación de combustible, especialmente diésel.