La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) y la Alcaldía de Viacha confirmaron el derrame de cianuro, lo que afectó a uno de los acuíferos en ese municipio, en una zona en la que 23 empresas mineras operan en medio de irregularidades, la mayoría sin licencia ambiental ni funcionamiento, además de la acumulación de residuos tóxicos abandonados cerca de los reservorios de agua y sobre los caminos comunales.
Los efectos de la contaminación ya fueron denunciados por los pobladores de nueve comunidades que habitan en las orillas del río Pallina, cuyas aguas turbias traen a Viacha los desechos industriales, hospitalarios y basura arrojada por los habitantes de la ciudad de El Alto. Al no poder consumir el agua de ese río, los campesinos viacheños se abastecen de pozos, de dónde sacan agua también para su ganado y los cultivos que, se ha verificado, también estarían contaminados, pero por la minería ilegal.
Por medio de la Resolución Nº 227 de la AAPS, el 9 de julio se dispuso el sellado del pozo de agua usado para la actividad de la Empresa Procesadora Jacha Kollo SRL, la cual opera en jurisdicción de la comunidad Seke Jahuira, en Viacha. Según un informe municipal, esta empresa incurrió en “delitos ambientales”, no solo por el derrame de cianuro (se desconoce la cantidad) que contaminó fuentes de agua subterránea, sino por las filtraciones de residuos tóxicos en las colas de mina que creó, que no cumplen con especificaciones técnicas.
Asimismo, un estudio de laboratorio realizado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Empav), al que Visión 360 tuvo acceso, revela que el porcentaje de contaminación en el pozo de agua ubicado en la comunidad Seke Jahuira, generado por el derrame de cianuro en la empresa Jacha Kollo, es de 1.000% lo que provocaría la muerte de personas o animales en caso de su consumo.
“Existe contaminación en los acuíferos, los pobladores presentaron la denuncia y luego de una inspección se verificó que en los predios de la empresa ocurrió un derrame de material con cianuro, lo que se ha filtrado hasta los bolsones de agua. Según los análisis, la contaminación sobrepasó los límites autorizados, hasta un 1.000%”, informó a Visión 360 una fuente oficial de la Alcaldía de Viacha, la que pidió reserva de su identidad. La misma fuente, con base en los documentos emitidos por la AAPS, hizo referencia a que el operativo en el que se selló el pozo de agua fue reportado por la Alcaldía de Viacha, y su clausura estuvo a cargo del gerente de la Empav, Eddy Gutiérrez, y el exdirector de Gestión Ambiental y Riesgos, Álvaro Manzaneda.
Los datos de la AAPS señalan que la Empresa Jacha Kollo es una de las cuatro que tienen autorización de esa institución desde 2020, para la perforación de pozos de agua que usaban para su actividad. Dos de las entidades autorizadas están catalogadas en el rubro de “industrial” y dos, como “mineras”.
Desde julio, por medio de visitas a sus oficinas, cartas, mensajes y llamadas telefónicas, Visión 360 buscó la contraparte del alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi, pero no hubo respuesta del edil.
Sin embargo, este medio de comunicación accedió a un informe municipal sobre el empadronamiento de 23 recicladoras de mineral, las cuales están asentadas sobre 231 hectáreas de un área clasificada como “urbana”, en el municipio de Viacha. Varias de ellas están asentadas sobre los torrentes de agua subterránea y los residuos que generan están acumulados al aire libre, sobre caminos comunales y a pocos metros de los pozos de agua, de los cuales se abastecen los habitantes de las nueve comunidades de la cuenca del río Pallina.
Las denuncias de los comunarios señalan que el material que estas empresas reciclan proviene de los residuos mineros generados por minas en los departamentos de Oruro y Potosí, los que son internados en volquetas. En ese sentido, el informe recomienda que “se deberá establecer organismos de control comunal”, con el fin de evitar que el desecho final continúe siendo acumulado en sectores no autorizados.
No obstante, en la visita que Visión de 360 realizó en la zona, la autoridad originaria y presidente del “Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca Pallina”, Juan Pablo Yujra, relató que, por ejemplo, en la comunidad Mamani existían amplios “bateones” o excavaciones de hasta seis metros de profundidad, de donde las empresas ladrilleras y las de cerámica extraían arcilla.
Ahora, esas enormes fosas están desapareciendo, debido a que, paulatinamente, son rellenadas con los residuos tóxicos y colas de minas de las empresas explotadoras, “esas que funcionan de forma ilegal en Viacha. Estas son como las colas de minas, pero sin ningún tipo de control técnico; no tienen esas capas impermeables para encapsular toda esa tierra llena de químicos. Esto pasa ante la vista de los funcionarios de la Alcaldía, la Gobernación y ni qué decir del Ministerio de Medio Ambiente. Venimos denunciando esta matanza de nuestra tierra desde hace 10 años, pero lo de la minería se ha agravado hace cuatro años”, relató Yujra.
Entre los datos relevantes del informe ambiental de la Alcaldía se menciona que el derrame de cianuro en Seke Jahuira evidencia que el suelo de ese sector es “muy permeable”, lo que hace que las infiltraciones de tóxicos mineros lleguen con mayor facilidad a los bolsones subterráneos de los acuíferos. Por otra parte, se constató que dichas fuentes de agua están a una profundidad de hasta 35 metros y no a 60 metros como se pensaba.
Esto, según el informe municipal, se considera como un segundo elemento que comprueba el riesgo para la salud de la población, que se genera al autorizar el funcionamiento de las recicladoras de mineral en Viacha, las que depositan sus desechos cerca de las reservas de agua subterráneas, sin ningún tipo de impermeabilizante, señal o cuidado.
“Por lo tanto, se pone de manifiesto que es muy riesgoso el control de procesos mineros, empezando por la descarga de minerales que deben darse en lugares impermeabilizados, los controles de calidad que en una mayoría no se realizan y, lo más preocupante, es la generación de residuos o restos que generan estas empresas, debido a que no se tiene un sitio de disposición o encapsulamiento de estos restos llamados colas mineras”, señala parte del documento.
Ceguera de animales
Si bien no se han realizado estudios especializados sobre el origen de los padecimientos, Miriam Condori, vecina de la comunidad Challajahuira, y la veterinaria Maribel Canaviri denunciaron que varias ovejas y vacas de la comunidad Mamani padecen de ceguera, la cual se manifestó este año. El ganado vacuno también sufre de enfermedades como cojera o crecimientos de bultos negros en los intestinos, relacionados al consumo del forraje cubierto de polvo y basura, además del agua contaminada.
La norma sobre asentamientos mineros señala que, para lograr la licencia ambiental, las empresas deben lograr la aprobación en un proceso de consulta a los habitantes originarios y contar con la licencia de funcionamiento, como actividad económica lícita, que es emitida por las alcaldías.
De forma contradictoria, el empadronamiento revela que cinco de las actividades mineras que operan actualmente en Viacha tienen autorización de la comunidad Seque Jahuira.
Sin embargo, pese a contar con ese permiso, aún figuran como empresas ilegales, debido a que no cuentan con la licencia de funcionamiento.
El informe municipal revela que, de las 23 empresas empadronadas, 15 no tienen la licencia ambiental, cuatro no tienen información de ningún tipo, dos de ellas supuestamente no operan y finalmente solo cuatro tendrían la licencia ambiental vigente.
No obstante, el documento remarca: “Es común en nuestro país que cualquier actividad, obra, proyecto o empresa que tenga licencia ambiental pueda hacer lo que le dé la gana y vulnerar los derechos ambientales y el desarrollo sostenible. (…) Es decir, que las empresas mineras que tienen documentos ambientales al día, no significa que los cumpla”.
La mención se hace debido a que se identificó que las empresas que tienen licencia ambiental también figuran como “actividades industriales” no como “actividades mineras”. Por ello, el informe municipal recomienda que las 23 empresas mineras deben ser sometidas a auditorías especiales; además, su actividad debe estar bajo un “control y seguimiento periódico”.